MÉXICO, D.F., (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) es el paraíso de los asesores, con 134 para resolver los asuntos de los 11 consejeros electorales y que representan al año recursos por más de 100 millones de pesos, a los que se suma un gasto extra para consultorías y asesorías externas.
Estas asesorías son en campos relacionados con la elección, pero también en materia administrativa, legal, electoral o de fiscalización.
Con la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE), lo que creció fue la nómina de asesorías para el Consejo General, cuya cifra de integrantes aumentó de 9 a 11.
Cada oficina de los 11 consejeros electorales destina desde medio millón hasta 960 mil pesos al mes sólo para el pago de asesores, de entre 9 y 15 por cada consejero. Este primer año, el INE erogará por este concepto 100 millones 787 mil pesos.
De acuerdo con información obtenida vía solicitud de información UE/15/01070, con corte al 20 de marzo, quienes tienen más asesores a su cargo son el consejero Enrique Andrade con 16 personas, cuya nómina mensual bruta es de 754 mil pesos, sin considerar prestaciones adicionales, y Javier Santiago Castillo, con 15 asesores que representan un gasto de 814 mil pesos al mes.
El consejero Arturo Sánchez también tiene 15 asesores a su cargo, con una nómina que cuesta al mes 797 mil 504 pesos. Con 12 asesores, la oficina del consejero presidente Lorenzo Córdova representa un gasto mensual por 960 mil 692 pesos brutos.
La oficina de la consejera Pamela San Martín, con 10 asesores, gasta 575 mil 850 pesos al mes y la de la consejera Beatriz Galindo, con nueve asesores, ejerce 666 mil 432 pesos.
Los consejeros José Roberto Ruiz Saldaña y Marco Antonio Baños, ambos con 13 asesores, erogan en conjunto, en el primer caso 747 mil 033 pesos brutos y en el segundo 783 mil pesos, mientras que la oficina del consejero Ciro Murayama, con 13 asesores, gasta 742 mil pesos.
Con 14 asesores, la oficina del consejero Benito Nacif gasta más de 734 mil pesos en percepciones y, aunque por la oficina de la consejera Adriana Favela han desfilado 26 asesores en un año y de manera no simultánea, hoy son nueve con un costo de 821 mil 882 pesos brutos en sueldos.
A pesar de que en el INE trabaja personal especializado que asesora a los consejeros y las direcciones ejecutivas de Registro Federal de Electores, Capacitación y Educación Cívica, Organización y otras, el organismo paga también asesorías externas, no siempre en casos de alta especialidad.
Así, en el último tramo de 2014, además de la bolsa para el pago de asesores que creció en más de 20 para dos nuevos consejeros, el INE pagó 15.4 millones de pesos en asesorías relacionadas con las tareas preparatorias de las elecciones.
Para “asesoría técnico científica del Consejo General, para conformar una nueva división territorial en los ámbitos federal de las entidades federativas”, se erogaron 15 millones 415 mil pesos que aún están en ejercicio, pues las tareas de diseño de redistritación terminarán hasta 2016.
También se contrataron, por 2.3 millones de pesos, cinco asesores “que realizan diversos estudios relativos al padrón electoral y las listas nominales que se utilizarán en la jornada electoral”, a razón de 422 mil pesos por cada consultoría.
Otro millón de pesos se llevó la contratación de especialistas del Comité Técnico Asesor del PREP 2015 y auxiliares miembros del comité para estudios relativos al padrón y las listas nominales de lectores.
En la contratación de consultoría para la definición de la fase de implantación de mejoras en los procesos operativos del INE se fueron otros 2.4 millones de pesos y 3.5 millones de pesos más por concepto de “consultoría para la aplicación del marco normativo de control interno del INE en cuatro de sus procesos”.
Para atender nuevas obligaciones de transparencia, evaluar procesos y asesoría para mejora de calidad de la información en el portal de obligaciones de transparencia, el INE requirió asesorías por casi 700 mil pesos.
Incluso se contrataron servicios profesionales “de análisis político electoral” para la comunicación de resultados derivados de investigaciones del Centro para el Desarrollo Democrático, instancia que la Contraloría General del INE ha señalado como una de las que representaban mayor duplicidad de gastos en el último tramo del IFE.
